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LA MINGA, Spot de campaña.


INDIO, Spot de campaña.

martes, 26 de julio de 2022

ASAMBLEÍSTA ECUATORIANO INTEGRARÁ FRENTE PARLAMENTARIO MUNDIAL POR LA NATURALEZA.

Esta plataforma mundial estará conformada por parlamentarios, diputados, concejales y jefes del poder ejecutivo, que impulsan la defensa de la Madre Tierra frente al cambio climático.

Como un reconocimiento a la lucha por los derechos de la naturaleza, el Asambleísta Nacional Salvador Quishpe, viajará a Belém do Pará, Brasil, como invitado del Foro Social Panamazónico (X FOSPA), para formar parte del encuentro del Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza, que se desarrollará del 28 al 31 de julio, con el objetivo de trabajar por la implementación de políticas públicas efectivas por los derechos de nuestro entorno natural.

Para Salvador Quishpe se debe pasar del discurso a los hechos, ya que constantemente se vulneran las leyes que protegen a la naturaleza. En el caso ecuatoriano la Constitución reconoce los Derechos de la Naturaleza, del Agua y los Derechos Colectivos; sin embargo, esto no se respeta, por el contrario, con la misma Constitución y violentando dichos derechos, en estos últimos 13 años y en plena revolución se han concesionado más de 4 millones de hectáreas de territorios indígenas ancestrales para hacer minería a gran escala.

Aseguró que cuando los pueblos reclaman respeto, han sido calificados de vendidos a la derecha, de traidores de la revolución y con ese argumento nos han sancionado, encarcelado y hasta asesinado, como ocurrió con la vida de José Tendetza y otros líderes indígenas en la década pasada.

Esto atenta contra la vida comunitaria, los saberes ancestrales y los derechos de la naturaleza, por lo que Quishpe propone impulsar una legislación internacional a fin de proteger los derechos de la madre tierra, sancionando severamente a quienes no respeten las leyes que protegen la biodiversidad.

viernes, 17 de junio de 2022

LOS DEUDORES CON LOS ECUATORIANOS NO PUEDEN SER MEDIADORES.


El jefe de bloque de Pachakutik y Asambleísta Nacional, Salvador Quishpe, luego de conocer el pronunciamiento del Presidente de la Asamblea Nacional y de algunos alcaldes, quienes expresaron su voluntad para ser mediadores entre la CONAIE y el Gobierno del Presidente Guillermo Lasso, manifestó que los representantes de las instituciones del Estado que están en deuda con los ecuatorianos no pueden cumplir el rol de mediadores.

Quishpe, recordó que los pueblos del Ecuador están movilizados reclamando políticas públicas al Estado ecuatoriano y como todos sabemos, la Asamblea Nacional, los Municipios y el Gobierno Nacional, son representantes del Estado y todos ellos están en mora con los ecuatorianos, aseguró el asambleísta.

El Gobierno Nacional debe atender al pueblo bajando el precio de los combustibles, de los alimentos y los insumos agropecuarios; la Asamblea Nacional debe comprometerse a aprobar urgentemente las leyes que están pendientes, como las que presentó Pachakutik hace meses para bajar las tasas de intereses, para condonar intereses; y la ley para apoyar a los agricultores; mientras que los municipios deben atender con sus competencias de educación e infraestructura sanitaria. Los representantes de estas instituciones, en vez de buscar ser mediadores, deben comprometerse con los ecuatorianos a cumplir con agilidad sus obligaciones.

Finalmente, Quishpe aseguró que los únicos mediadores en este conflicto social, deben ser organismos imparciales nacionales e internacionales como la Iglesia o las Naciones Unidas. Sin embargo, la solución va más allá de una mediación, esto depende sobre todo de la voluntad política del Gobierno Nacional de atender al pueblo ecuatoriano con prontitud, argumentó Salvador Quishpe.

domingo, 4 de octubre de 2020

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN APRUEBA INFORME RECOMENDANDO EL ENJUICIAMIENTO POLÍTICO A PRESIDENTE DEL CPCCS.


La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional presidida por el asambleísta Elio Peña, aprobó el informe de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

Este domingo 04 de octubre, los Asambleístas miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político conocieron, debatieron y aprobaron el informe del proceso de sustanciación del juicio político establecido en contra de Christian Cruz, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Luego del proceso de análisis y valoración de las pruebas de cargo y descargo, en el proceso de sustanciación del juicio político, los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político llegaron a las siguientes conclusiones:

• El presidente del CPCCS, señor Christian Cruz, durante el ejercicio de su cargo, incumplió con sus funciones, al expedir reglamentos que, de acuerdo al art. 38, numeral 9, de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, le corresponden al Pleno del Consejo; configurándose así, la causal para que proceda el enjuiciamiento político del mencionado funcionario. 
 
Adicionalmente, los comisionados resolvieron que el respectivo informe sea remitido, a través del Presidente de la Asamblea Nacional, a la Contraloría General del Estado, a fin de que se determine, mediante un examen especial, sobre las posibles implicaciones administrativas y económicas, de haber emitido dichos reglamentos. 
 
• Luego de conocer la información presentada por los comparecientes, sobre todo la realizada por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y de la documentación entregada por ella sobre el proceso de impugnación que recibió el Sr. Christian Cruz, en el Concurso de Oposición y Méritos del 2009 (para la integración del CPCCS) el pleno de la Comisión consideró que existe falta de probidad para ejercer el cargo de Presidente del CPCCS. 
 
• Sobre la causal de presunta obtención irregular del carnet de discapacidad, los comisionados resolvieron solicitar al Presidente de la Asamblea Nacional, remitir el presente informe a la Fiscalía General del Estado, la Contraloría y el SRI, a fin de aportar a los procesos de investigación en curso o que pudieran iniciarse. 
 
Finalmente, el pleno de la Comisión de Fiscalización resolvió Remitir el expediente al CONADIS y a la Comisión que esté tratando la Reforma a la Ley de discapacidades, a fin de que se incluya un articulado con el siguiente contenido: “La autoridad sanitaria nacional, de oficio o a petición de parte, previa la apertura de un expediente administrativo, podrá anular o rectificar una calificación de discapacidad, por considerar que la misma fue concedida por error, negligencia o dolo del equipo calificador especializado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes.” 
 
Con este resultado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proceso será trasladado al Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador para que sus miembros, en función del contenido del informe y sobre la base del trabajo realizado por los miembros de la Comisión, decidan sobre la censura o no del mencionado funcionario. 

martes, 29 de septiembre de 2020

CONCLUYE ETAPA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS EN EL TRÁMITE DE JUICIO POLÍTICO A CHRISTIAN CRUZ.

Fiscalización, juicio a Christian Cruz, CNE

Luego de la presentación de Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Comisión de Fiscalización cerró, este martes 29 de septiembre, la etapa de recepción de pruebas de cargo, descargo y de oficio, en el marco de la sustanciación del juicio político a Christian Cruz, titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), planteado por el legislador Henry Kronfle.

Ahora, la mesa, presidida por el asambleísta Elio Peña, se dedicará a valorar dichas pruebas y preparar un informe que detalle, motivadamente, las razones por la cuales archivó el trámite o la recomendación de juicio político, en cumplimiento del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Comparecencia de Atamaint

En primer término, Diana Atamaint explicó que Christan Cruz se postuló el 28 de octubre de 2009 para el concurso de oposición y méritos orientado a integrar el Consejo de Participación, que se cumplió en el período 2009-2010, para cuyo efecto presentó el carné de discapacidad otorgado por el Conadis, obteniendo dos puntos adicionales por esa condición, dentro de las acciones afirmativas.

Indicó que fue impugnado por Ana Campaña Sandoval y Diego Morales, en torno de la veracidad de la documentación para calificar méritos firmados por la Organización Continental, Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE). El Pleno del CNE, liderado por Omar Simon, aceptó a trámite la objeción y resolvió descalificar la postulación de Cruz, con fecha 12 de marzo de 2010.

Expresó que participó, por segunda ocasión, en el proceso de elección de miembros del Cpccs, en 2018, que se daría por voto popular. El CNE Transitorio lo calificó e inscribió como candidato, en base del informe de la Comisión Verificadora que analizó el cumplimiento de requisitos, prohibiciones e inhabilidades legales y constitucionales.

Wilson Freire Castro impugnó esa postulación, debido a la existencia de una supuesta responsabilidad administrativa culposa, misma que fue negada al verificar el certificado de la Contraloría General del Estado sobre la no existencia de responsabilidades, aclaró, al señalar que conoce que el tema, incluso, llegó a la Fiscalía, donde también se desestimó.

Observaciones

Los parlamentarios insistieron en la legalidad y legitimidad de la actuación de la Comisión de Fiscalización. José Serrano dijo que la actitud prepotente y amenazante con la que ejerció su defensa Christian Cruz, no amedentrará el trabajo del organismo.

Noralma Zambrano, Esteban Melo, Dennis Marín y Jaime Olivo consideraron que si Cruz, en una primera ocasión, fue descalificado por falta de probidad, este principio no perscribe y eso se debió tomar en cuenta para la segunda postulación.

lunes, 28 de septiembre de 2020

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN CONOCIÓ PRUEBAS DE OFICIO EN PROCESO DE JUICIO POLÍTICO A CHRISTIAN Cruz.


Como parte de las pruebas de oficio, en el marco del procesamiento del juicio político a Christian Cruz, la Comisión de Fiscalización, presidida por Elio Peña, receptó las versiones de la consejera María Fernanda Rivadeneira, del Consejo Nacional Electoral, Automóvil Club del Ecuador (Aneta), Fundación Vista para Todos y Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis).

María Rivadeneira, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), responsabilizó a Cruz de incumplimiento y arrogación de funciones, además de falta de probidad. Dijo que el 10 de octubre 2019 expidió dos reglamentos: de administración y control de parque automotor; y, de autorización, cálculo y pago de viáticos para movilización de funcionarios, lo que es competencia expresa del Pleno de la institución. Dichas disposiciones las anuló el 5 de diciembre, luego de 55 días de su vigencia, agregó.

También, indicó que el Presidente de la República, con fecha 4 de octubre de 2019, remitió la terna para la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, la cual el titular del Cpccs ocultó por ochos meses. Habló de irregularidades en la obtención del carné de discapacidad y de negarse, por varias ocasiones, en 2010, al requerimiento del Conadis de someterse a la evaluación y recalificación. Precisó que estas denuncias les ha puesto a consideración de la Fiscalía.

A criterio de Rivadeneira, este carné lo ha utilizado para la exoneración de impuestos y la adquisición de un vehículo de alta gama, entre otros beneficios. Pidió que la Asamblea censure y destituya a Christian Cruz.

Los comisionados se pronunciaron por cuantificar los supuestos perjuicios al Estado como consecuencia jurídica de la aplicación de los citados reglamentos internos y conocer si la Contraloría ha efectuado auditorías al respecto. Rechazaron las observaciones de Cruz a la legítima conformación de la actual Comisión de Fiscalización.

Malestar y nueva comparecencia

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, no acudió a la mesa y se limitó a enviar un oficio de excusa, en el que puso de manifiesto que el concurso público de méritos y oposición para la integración del Consejo de Participación se dio entre 2009 y 2010, cuando dirigía el organismo Omar Simon.

Los parlamentarios calificaron este hecho como un despropósito e inaceptable, por lo que resolvieron, con 8 votos a favor, que la comparecencia de Atamaint sea este martes 29 de septiembre.

Examen psicosensométrico

Entre tanto, Gorki Obando, gerente General de Automóvil Club del Ecuador (Aneta), informó que el 2 de agosto de 2016, el ciudadano Christian Cruz rindió y pasó el examen psicosensométrico, que responde a parámetros internacionales, demostrando que estaba en perfectas condiciones para la renovación de la licencia profesional tipo E.

Descartó que se pueden adulterar o manipular los resultados de la evaluación sobre elementos de visión, audición, coordinación y reflejos. Una persona con discapacidad del 81 % sería imposible que pueda manejar un vehículo, más aún de transportación pesada, agregó.

Certificado

A su vez, Diego Benítez, principal de la Fundación Vista para Todos, aclaró que el 27 de octubre de 2009, a Christian Cruz se le entregó un certificado de un examen optométrico respecto de las medidas de su visión; la calificación y asignación del carné de discapacidad era responsabilidad del Conadis, que ahora lo ejecuta el Ministerio de Salud. En todo caso, aseveró que las medidas no eran altas como para obtener un carné de esa magnitud.

Conadis

Por último, Xavier Torres, presidente del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), manifestó que la entidad colabora con la investigación que lleva adelante la Fiscalía, en torno de la entrega fraudulenta de carnés de discapacidad, en esa línea se ha hecho llegar la documentación especifica sobre Christian Cruz, pero hay que respetar la debida reserva de la etapa de indagación previa, acotó.  

Enfatizó que Cruz desoyó los llamados a la recalificación de su carné por parte del Conadis. Sin embargo, hay que esperar que cumpla con su decisión voluntaria de sujetarse a este proceso en el Ministerio de Salud, puntualizó.

Reconoció que en 2009 no se contaba con equipos especializados para la evaluación y calificación de personas con discapacidad, especialmente audiometrías, por lo que se apoyaba en el trabajo de entidades no gubernamentales, como fundaciones.